Supone un hito social y dar respuesta a una reivindicación histórica del sindicato para disminuir los altos niveles de pobreza y exclusión social en nuestro país, agravados por la crisis del coronavirus.

Su puesta en marcha será inmediata, protegerá a los colectivos más vulnerables y completa uno de los vacíos de cobertura que existen en la red de protección social existente en nuestro país. Para UGT, esta ley hay que mejorarla en el trámite parlamentario y desarrollar la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos, que lleva dormida en el Congreso cuatro años.

La Unión General de Trabajadores celebra la aprobación de la Renta Mínima Vital, o Ingreso Mínimo Vital, en el día de hoy por el Congreso de los Diputados. Una Renta que protegerá a 850.000 hogares, muchos de ellos afectados directamente por la crisis del coronavirus.

Para el sindicato, esta prestación refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, o en su caso, de inserción social. Por ello, sin perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando corresponde, UGT exige un seguimiento permanente de cada caso por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.

Además, esta prestación será independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.

UGT recuerda que la aprobación de esta renta supone, además, el cumplimiento a una reivindicación histórica del sindicato, cuando hace cuatro años presentó, junto a CCOO, la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas; recuerda que su puesta en marcha será inmediata, empezando a proteger a un colectivo prioritario; y completa uno de los vacíos de cobertura que existen en la red de protección social existente en nuestro país.

Millones de personas en situación de pobreza exigían dar un paso como éste

Para el sindicato, la crisis del coronavirus ha situado la necesidad imprescindible de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo deja fuera a muchos desempleados sin ingresos (casi el 40%).

Un millón de desempleados más debido a la COVID-19, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; 700.000 hogares sin ningún ingreso; más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro; 33.000 personas sin hogar; y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses.

En este sentido, esta renta dotará de recursos mínimos a las familias que estaban en situación de pobreza o exclusión social, que han sido muy golpeadas por esta crisis y muchas de ellas no han tenido ningún ingreso para poder sobrevivir, ya que la red social aprobada por el Gobierno, acordada en buena medida en el ámbito del Diálogo Social, a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas personas.

Ahora, desarrollar la ILP para una Prestación de Ingresos Mínimos

Para UGT, la Renta Mínima aprobada hoy en el Congreso no es la ley que el sindicato hubiera esperado, pero considera que su aprobación era necesaria para que los más afectados por esta crisis tuvieran recursos para poder sobrevivir. Por ello, exige que se inicie, sin más dilación, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos que lleva parada en el Congreso hace cuatro años, avalada por 710.000 firmas de la ciudadanía de nuestro país.

UGT recuerda que las políticas de austeridad de la última década, con especial intensidad durante los gobiernos del PP, recortaron el gasto público social y multiplicaron la pobreza en nuestro país, hasta tal punto que hoy el gasto social en España sigue siendo muy inferior a la media europea y muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo económico. Resulta urgente e imprescindible impulsar la protección social de las personas, más aún después de esta crisis, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social y un elemento de enorme importancia para reforzar nuestro Estado de Bienestar, con el que muchas personas podrían salir de los índices de pobreza severa que acucian a una parte importante de la ciudadanía.

La ILP promovida por UGT y CCOO dará cobertura, de aprobarse, a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad. En su trámite parlamentario, el apoyo de las fuerzas políticas que ya la apoyaron en su día, y hoy cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, debe hacerlo realidad.