UGT coincide con la OCDE en que hay que invertir para cambiar el tejido productivo y establecer medidas con alto efecto distributivo en lo social

La OCDE ha presentado hoy su informe sobre las perspectivas económicas para 2020 y 2021 en el que, como otras organizaciones internacionales, señala que la crisis provocada por el Covid-19 ha supuesto el mayor impacto económico negativo en términos globales desde la segunda guerra mundial, tanto en crecimiento como en empleo.

El informe reconoce el alto grado de incertidumbre de estas previsiones que dependerán, en buena medida, de cómo evolucione la pandemia, y por ello, se presentan dos escenarios -como hizo el FMI en sus previsiones de abril- uno con rebrote en invierno y otro sin él.

Según la OCDE el impacto económico es grave en todo el mundo, pero hay una relación clara con la especialización de las economías, de forma que, cuanto más abundan los servicios presenciales, mayor es la repercusión. Por otro lado, prevé una recuperación lenta y una crisis de efectos duraderos y, en este sentido, es algo más pesimista que el FMI o la Comisión Europea, al afirmar que aun a finales de 2021 la economía mundial estará por debajo de donde estaba en 2019 entre un 1% y un 5%.

El análisis de la OCDE señala que España, Italia, Reino Unido y Francia serán los países cuyo crecimiento más se resienta, entre un 10% y un 14% en 2020, con unas previsiones de evolución de la tasa de paro que aumentan entre 5 y 10 puntos. La OCDE destaca que bajo ningún concepto el soporte fiscal y monetario debe retirarse pronto -lo cual contrasta con las recientes apelaciones de la CE a recuperar lo antes posible las reglas de sostenibilidad fiscal- y advierte de que el aumento medio del endeudamiento mundial va a ser de aproximadamente 20% sobre PIB, problema que, aunque con menores repercusiones que en otra época debido a la ausencia de efectos sobre la inflación y los bajos tipos de interés, debe llevar a una focalización de la política fiscal. Esta debería centrarse en medidas con alto efecto distributivo en lo social mientras que la inversión debería dirigirse hacia la transformación verde y la digitalización.

En cuanto al impacto social de la crisis destaca que hay dos grupos especialmente afectados, los trabajadores más precarios y los jóvenes, algo que podría tener consecuencias políticas por lo que recomienda prestaciones de desempleo de suficiente nivel y duración, y otras medidas de lucha contra las situaciones de pobreza así como una actuación intensa en políticas activas de empleo para una rápida reinserción laboral.

Prestaciones sociales apropiadas y medidas para luchar contra la pobreza

UGT ha manifestado desde el inicio de la crisis una línea de análisis compatible con buena parte del diagnóstico de la OCDE y coincide especialmente con la recomendación de políticas fiscales y monetarias expansivas sostenidas en el tiempo, hasta que haya recuperación.
Otro punto de acuerdo se encuentra en el reconocimiento del impacto asimétrico en esta crisis sobre trabajadores precarios y jóvenes, al que se podrían añadir mujeres e inmigrantes como otros grupos con un elevado peso en el colectivo de trabajadores precarios y señala que es especialmente importante que las instituciones multilaterales internacionales reorienten en momentos como este su discurso hacia los beneficios que producen unas prestaciones sociales de niveles y duración apropiados así como una defensa tan clara de la necesidad de las prestaciones contra la pobreza, algo que en otros momentos se ha echado de menos.

El sindicato comparte la idea general de que las acciones de política económica deben ser progresivas en términos de renta y transformadoras del tejido productivo hacia la sostenibilidad en cuanto a su orientación, pero subraya que la sostenibilidad no debe ser solo medioambiental, sino social. En ese sentido, llama a la reflexión sobre como las políticas precarizadoras de la relación laboral que se han recomendado sistemáticamente durante tres décadas han producido una abundante y nutrida capa de trabajadores informales, precarizados, con menos derechos y peores condiciones, a los que un impacto económico de estas características convierte, además en un “potencial problema político”.

La crisis de 2009 y ahora la del coronavirus deberían suponer la revisión de los planteamientos desreguladores de la relación laboral que han imperado desde los 80, para avanzar y reconocer los beneficios que las relaciones laborales adecuadamente encuadradas, reguladas y con una adecuada correlación de fuerzas entre trabajadores y empresarios, proporcionan en cuanto a estructura distributiva y garante de la resiliencia social.