Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, UGT reclama redoblar los esfuerzos para luchar contra esta lacra, que se ha agravado con la llegada de la pandemia y el confinamiento
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, UGT reitera su más rotunda condena y repulsa contra todos los actos de violencia contra las mujeres y reclama la necesidad de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista, más en un momento como éste, en el que el riesgo de exposición se ha visto agravado por las extraordinarias circunstancias que atravesamos por la pandemia.
Así lo demanda el sindicato en su informe “Igualdad frente a la violencia de género. Valórame, no me maltraes”, donde recoge que, según los datos del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de octubre 2020, son ya 1.070 las mujeres que han sido asesinadas en España por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas. Este mismo año han sido asesinadas 37 mujeres, y este dramático dato no deja de crecer a medida que transcurren los días.
Además, la Macroencuesta sobre violencia contra la mujer de 2019, publicada este mismo año 2020 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pone de manifiesto el terrible alcance de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. 1 de cada 2 mujeres (un 57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas, y 1 de cada 5 (un 19,8%) la han sufrido en los últimos 12 meses, siendo las mujeres jóvenes las que la padecen en mayor medida ya que el 71,2% de las mujeres de 16 a 24 años y el 68,3% de las mujeres de 25 a 34 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas.
La violencia contra las mujeres, en datos
Diferentes tipos de violencia asolan a las mujeres por el hecho de serlo. Por lo que respecta a la violencia física, el 21,5% de las mujeres han sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja), y el 1,7% de mujeres, en los últimos 12 meses.
En cuanto a la violencia sexual, el 99,6% de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, la sufrieron por parte de un agresor hombre. El informe señala que el 13,7% de las mujeres ha sufrido este tipo de violencia a lo largo de su vida, procedente de “cualquier persona” (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja), y el 1,8% de mujeres, en los últimos 12 meses.
Por lo que respecta a la violencia psicológica, es una de las más prevalentes en el ámbito de la pareja o expareja. Según los datos de 2019, han padecido este tipo de violencia un 24,2% de las mujeres, un porcentaje que aumenta desde 2015 cuando se situaba en el 22,8%. Este tipo de violencia haría referencia a insultos o humillaciones delante de otras personas o amenazas verbales con infligir daño sobre la víctima.
Y en relación a la violencia económica, el 12% de mujeres de 16 años o más que tienen o han tenido pareja, habrían sufrido violencia económica, frente un porcentaje del 11,2% en la Macroencuesta de 2015.
Por último, en cuanto al acoso sexual, el 40,4% de las mujeres de 16 años o más residentes en España ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida y, de ese porcentaje, el 75% afirma haberlo experimentado más de una vez.
Poner fin a la precariedad de las trabajadoras que apoyan a las víctimas
La Unión General de Trabajadores señala que, según datos del boletín de la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género, las llamadas al 016, (servicio de servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género), se incrementaron un 61,1% en el periodo que va entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Concretamente, durante el mes de abril de 2020, se recibieron 8.692 llamadas, la cifra más alta de los tres últimos años y la segunda más alta de toda la serie, frente a las 5.396 llamadas pertinentes de abril de 2019.
Además, las llamadas on line también crecieron en relación al mismo periodo del 2019 y el nuevo servicio de WhatsApp de apoyo emocional y psicológico a las víctimas, recibió del 21 de marzo al 31 de mayo, 2.038 llamadas.
En este sentido, UGT denuncia que las situaciones de riesgo de violencia de género para las mujeres se han incrementado a consecuencia de la pandemia, entre otras causas, por el mayor tiempo de exposición al agresor en el hogar familiar -especialmente durante el confinamiento domiciliario-, por las mayores dificultades para acceder a un empleo y a la independencia económica, y debido a una situación de mayor nivel de desempleo y empobrecimiento.
Por ello, el sindicato valora las medidas de mejora introducidas por el Plan de Contingencia contra la violencia machista puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad para hacer frente al aumento de riesgos para las mujeres durante la pandemia, pero considera fundamental poner fin a la precariedad del colectivo de personas, en su mayoría mujeres, que dan soporte a las víctimas de violencia de género.
Es imprescindible que desde las Administraciones públicas se prioricen las actuaciones frente a la violencia machista y se destinen los recursos y servicios necesarios para una prevención y atención integral efectiva, que pueda garantizar a las mujeres una vida en libertad y el pleno ejercicio de sus derechos.
UGT lleva años denunciando esta situación. Para mejorar las condiciones de vida de las mujeres víctimas de violencia de género hay que dignificar las condiciones de las personas que trabajan en los recursos de atención, en su mayoría mujeres. “Cuidar a las que cuidan”, garantizando que los servicios se presten por personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal, mejorando los pliegos que recogen sus condiciones de trabajo, creando una comisión de control de las externalizaciones de las contrataciones de estos servicios, y favoreciendo el compromiso de que cada una de las administraciones de las que dependen creen órganos que evalúen la calidad de los servicios que se prestan y del empleo de las personas que trabajan el ellos.
Reforzar las condiciones de trabajo en los servicios externalizados
El sindicato realizó en 2018 el informe “Esto no es un negocio. La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género”, para exigir mejoras en las condiciones de trabajo de las personas, en su mayoría mujeres, que prestan su actividad laboral en los recursos estatales de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, especialmente, en la atención telefónica en el “016” y los “Dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento” (COMETA).
Ambos, tanto el 016 como COMETA, se encuentran externalizados, el primero desde 2007 y el segundo desde 2009. Sus condiciones de trabajo son peores que las que tendrían si el empleador fuera la administración; se rigen por el convenio del Contact Center, para los de la atención teléfonica, y por el de las empresas de seguridad, en el caso del centro Cometa, cuando ambos deberían estar bajo el paraguas del Convenio Único de la Administración General del Estado, que rige las relaciones laborales de la Administración Pública, titular de estos servicios con sus trabajadoras.
UGT ha trasladado a la Delegada del Gobierno su posición sobre la externalización de este servicio, que es un servicio esencial y que, sin embargo, está sujeto a pliegos de licitación de los recursos estatales que deterioran la calidad del empleo, que dependen directamente de la delegación del Gobierno, que el próximo 31 de diciembre se tendrían que renovar. Es urgente e imprescindible poner en conocimiento de la Administración Pública con competencia en este ámbito, la precariedad que sufren algunos de estos servicios porque la calidad en el empleo es calidad en el servicio y, en este caso, estamos hablando de un servicio que puede salvar vidas.
Además, el sindicato denuncia el encubrimiento de trabajo cualificado en categorías laborales no cualificadas. Hay que garantizar que el personal cualificado en violencia de género sea categorizado y remunerado como tal. Por tanto, se debe recategorizar al personal para corregir esta anomalía y se debe verificar, también, que el personal directivo y los mandos medios sean especialistas en violencia de género.
En este sentido, es necesario que la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ejerza la función de control de los contratos suscritos para la prestación de estos servicios públicos establecida en la Ley de Contratación del Sector Público; y que se cree una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, órgano de participación creado por la Ley Integral, que promueva la evaluación del impacto en la calidad en el empleo y en la calidad de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados.