El confinamiento en los hogares y el teletrabajo están produciendo un incremento del consumo de determinados suministros como el agua, la electricidad o el gas.

Además, la crisis sanitaria ha desencadenado un aluvión de ERTES, e incluso despidos, que han provocado la disminución temporal, o la desaparición de ingresos en la unidad familiar.

Un hecho que afecta en mayor medida a las personas más vulnerables, a “beneficiarios” del bono social y a “no beneficiarios” por superar el umbral de renta requerido.

Como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19, el confinamiento en los hogares está produciendo un incremento del consumo de determinados suministros que en estos momentos se han hecho más esenciales que nunca, como son la electricidad, el gas, el agua y las telecomunicaciones (internet, banda ancha, etc.).

Esto se produce no solo por la permanencia durante todo el día en las viviendas, sino también, por el hecho de que, en algunos casos, se han producido cambios en los hábitos de la actividad, como el teletrabajo.

Además, el Coronavirus ha desencadenado numerosos ERTES, e incluso despidos, que han provocado la disminución temporal, o la desaparición de ingresos en la unidad familiar, y que también se podrán ver afectados por los retrasos en el cobro de las remuneraciones.

Independientemente de que parece que se ha producido una disminución del precio del KW/h como consecuencia de la disminución del consumo en la industria y en los servicios, el incremento de consumo en los hogares, llevará aparejado un aumento de las facturas, que muchas familias tendrán dificultades para pagar.

Este hecho afecta en mayor medida a las personas más vulnerables, que ya tenían dificultades, o que estaban muy cerca de tenerlas, a “beneficiarios” del bono social, y a “no beneficiarios” por superar el umbral de renta requerido para serlo.

En este sentido, la Unión General de Trabajadores valora positivamente las medidas introducidas por el Gobierno a través de los RDL 8/2020 y 11/2020, prohibiendo el corte de suministro de la electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, mientras dure el estado de alarma, prorrogando el bono social hasta el 15 de septiembre, o estableciendo la prohibición de subir los precios.

Sin embargo, el sindicato considera que estas medidas son insuficientes para este momento de excepcionalidad que estamos viviendo, y pide al Gobierno que incorpore una mayor flexibilidad para el pago de las facturas de estos suministros de los que ahora especialmente no pueden prescindir a las familias más necesitadas.