UGT considera que debe acelerarse la puesta en práctica de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la emergencia social suscitada por la crisis del Covid-19.
Insta al Gobierno a corregir las trabas burocráticas que están retardando o pueden incluso obstaculizar las ayudas sociales. Muchas personas no tienen tiempo, necesitan esas ayudas ya. En este sentido, demanda poner en marcha, de manera inmediata, la Renta Mínima Extraordinaria y los permisos retribuidos obligatorios.
UGT valora positivamente las medidas adoptadas, hasta ahora, por el Ejecutivo para atender la protección de todas las personas ante el confinamiento provocado por la crisis del Covid-19, pero le insta a no relajarse y acelerar los procesos para que la premisa de “no dejar a nadie atrás” sea una realidad. Y es que muchas personas no tienen tiempo y necesitan esas ayudas ya. En este sentido, es preciso agilizar el proceso y eliminar las trabas burocráticas que frenan y obstaculizan la obtención de esas ayudas.
Renta Mínima Extraordinaria
Respecto a la Renta Mínima Extraordinaria, llamado por el Gobierno “Ingreso Mínimo Puente” UGT demanda que se apruebe ya y se ponga en marcha de manera inmediata ante la vulnerabilidad de muchos hogares sin ingresos. Muchos desempleados han agotado ya las prestaciones, otras muchas personas que trabajaban en economía sumergida tampoco acceden a ningún tipo de ingreso, y por supuesto, nadie puede buscar trabajo en la actual situación de confinamiento.
El sindicato considera que esta renta es imprescindible y debe tener, al menos, una cuantía equivalente al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) es decir 537,84 euros.
Entiende que la inmediatez es la que marca el carácter temporal de esta prestación y ello conlleva una gestión ágil. No obstante, UGT no renuncia a la demanda sindical de aprobar una prestación de ingresos mínimos con carácter permanente, que deberá negociarse a posteriori y buscando los mayores consensos posibles.ç
Permisos retribuidos obligatorios
Otra cuestión que debería implementarse ya es un permiso retribuido obligatorio para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se han visto obligados a dejar temporalmente su trabajo para cuidar a personas dependientes a su cargo como consecuencia del cierre obligatorio de los colegios, centros especiales y centros de Día de mayores. Estas personas, en su gran mayoría mujeres, y familias monoparentales, que no pueden acceder a otro tipo de prestación o subvención, llevan un mes sin ingresos por su trabajo y tendrán que estar al menos hasta el fin del estado de alarma en esta situación.
Por otra parte, UGT insta al Gobierno a vigilar la letra pequeña de las normas que puede complicar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a permisos como excedencias, reducción de jornada o flexibilidad horaria, por estos motivos.
Hay que tener en cuenta esta situación cuando comience la incorporación al trabajo de estas personas y si se siguen sin abrir los colegios, centros especiales y centros de Día de Mayores. Aunque se ha modificado la ley y pueden solicitar una reducción de la jornada del 100% en 24 horas, no se han modificado los plazos en los que la empresa puede notificar si acepta o no esta demanda (sigue siendo de 15 días). Un paréntesis en el que el trabajador o trabajadora tendrá la obligación de ir a trabajar, eso si la empresa no deniega su petición.
Esta reducción especial durante el confinamiento debe permanecer después del estado de alarma.
Ayudas que aún no llegan
Aunque desde este lunes, 13 de abril, las empleadas de hogar se pueden incorporar a sus puestos de trabajo, UGT recuerda que la relación laboral especial del Servicio del Hogar familiar está excluida de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que es importante que si tienen que ir a trabajar les faciliten el material de protección adecuado.
Además, es necesario acelerar los plazos para acceder al subsidio extraordinario para los casos de las empleadas de hogar que hayan sido excluidas de sus puestos de trabajo y en los que el cese de la actividad genere una mayor desprotección. Y es que tal y como figura en el Real Decreto Ley 11/2020, hasta el 2 de mayo, no se establecerá el procedimiento para la tramitación de solicitudes, formularios y plazos para hacer efectivo este derecho que se extiende a las situaciones de suspensión, reducción de jornada, despido o desistimiento que se hayan producido con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma. Tal y como denunció UGT, esto retrasa enormemente la posibilidad de cobro de esta prestación. Una situación especialmente grave en los casos de despido o desistimiento, y sobre todo en lo que se refiere a trabajadoras del hogar internas que, además de perder el trabajo, perderán el alojamiento y la manutención que percibían como salario en especie. Asimismo, afecta a trabajadoras a tiempo completo y trabajadoras en varios domicilios que hayan perdido todos ellos y no realicen otra actividad laboral en otro régimen o sistema de la Seguridad Social.
Esta situación hay que remediarla cuanto antes.
UGT considera que la solicitud y acceso a todas las ayudas, incluidas las del alquiler e hipotecas, no deben perderse en un laberinto burocrático, con una lista interminable de requisitos, porque perderían su fin de ayuda inmediata a las personas que más lo necesitan.