El proyecto de Ley de cambio Climático, aprobado hoy y que iniciará así su trámite parlamentario, debe servir de base para una recuperación verde y socialmente justa tras la pandemia

El texto no es todo lo ambicioso que podría en materia de reducción de emisiones, ya que establece el objetivo en el 20% a 2030, que es inferior al 23% que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La regulación incluida sobre la Estrategia de Transición Justa no asegura que las medidas de descarbonización de la economía y de adaptación al cambio climático cuenten con recursos y planificación suficientes para garantizar que nadie se quede atrás. El sindicato exige participación real y efectiva de los agentes sociales en todo el proceso y convocatoria de una mesa de diálogo social.

Desde UGT consideramos que es muy positivo contar por fin con el proyecto ley de cambio climático en nuestro país. Es algo que debía haber sucedido hace mucho tiempo, pero que debido a la situación política que hemos atravesado los últimos tiempos, se había pospuesto sufriendo un atraso inaceptable.

Como venimos demandando desde el movimiento sindical, es necesaria una recuperación verde y socialmente justa ante la crisis provocada por el coronavirus y en este sentido, la ley de cambio climático debe actuar como un documento clave sobre el que apoyarse.

Con relación al objetivo del 20% de reducción de emisiones en 2030, consideramos que la ley es poco ambiciosa, ya que no cumple con las indicaciones de la ciencia e incluso no llega al 23% establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

También hay que destacar que en contraste con el contenido dedicado al sector energético, existe un menor desarrollo normativo apreciable para determinados sectores tales como la automoción, el agua o la agricultura, que también van a sufrir el impacto de la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Con respecto a la regulación dedicada a la Estrategia de Transición Justa, a día de hoy desde UGT no estamos convencidos de que todas las medidas de descarbonización de la economía, así como las de adaptación al cambio climático, vayan a contar con los recursos y planificación necesarios para evitar que nadie se quede en el camino. Se necesitan planes de transición justa centrados en los sectores y colectivos más vulnerables, pero donde es realmente importante poner el foco es en los territorios afectados y también en los trabajadores y las trabajadoras que pueden verse indirectamente afectados. Tenemos que dar soluciones que faciliten la diversificación económica y el desarrollo rural. Por eso seguimos reivindicando la participación real y efectiva de los agentes sociales en todo el proceso y la existencia necesaria de una mesa de diálogo social.

Inicia trámite parlamentario

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno se remitirá como proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

Con esta ley, el Gobierno quiere alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 2050, una fecha en la que además el sistema eléctrico deberá de ser totalmente renovable. Como paso intermedio en el camino para alcanzar dicha neutralidad, se establece que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse al menos un 20% respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea que se ha planteado reducir en su conjunto entre un 50% y un 55% las emisiones respecto a 1990.

Por otro lado, desde ahora y hasta 2030, al menos el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en relación al sistema eléctrico, la presencia de renovables en 2030 será al menos de un 70%.

El texto mantiene la puesta en marcha de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Además incluye que, a partir del 31 de diciembre de 2021, las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.

Asimismo, las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sean 0 emisores de CO2 en el año 2050. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán además habilitar zonas de bajas emisiones.

Con relación a los combustibles fósiles, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial. Por el contrario, se aprobarán planes específicos para impulsar el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.

En cuanto al empleo, se incluye un capítulo de Transición justa. La norma asume que esta transformación creará empleo, pero también tendrá impactos con pérdida de puestos de trabajo en determinados sectores. En este sentido, el Gobierno aprobará una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales cada 5 años.