Se desploma la actividad de las ramas industriales y el empleo que se crea es precario. Hacen falta mejores empleos, salarios y pensiones. Es imprescindible cumplir el IV AENC, que contiene la subida del salario mínimo por convenio a 1.000 euros para 2020. Resulta fundamental un Plan Estratégico para la Industria y revertir la reforma laboral de 2012 para que el crecimiento se traduzca en empleo de calidad y con derechos.

Los datos de la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre del año, publicados hoy por el INE, reflejan el mantenimiento del ritmo de crecimiento de la economía española. Según estas cifras, el PIB ha crecido en el cuarto trimestre de 2018 un 0,6% trimestral y un 2,3% en términos anuales, una décima menos que en el trimestre anterior. Estos datos muestran el mantenimiento de una senda de crecimiento notable, pero que se viene moderando en los últimos cuatro trimestres. En el conjunto de 2018 el crecimiento del PIB ha sido del 2,6%. El empleo (medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) crece a un ritmo del 2,6%, una décima más que en el trimestre anterior (lo que supone 469.000 ocupados más).

La Unión General de Trabajadores valora estos datos, en la medida que reflejan una notable solidez de la actividad económica y de la creación de empleo en nuestro país. A pesar de la desaceleración constatada en el último año, nuestra economía está soportando bien el impacto negativo de la contracción del comercio mundial derivada del enfrentamiento económico entre EEUU y China, de la incertidumbre que está generando el proceso del Brexit, y del agotamiento de los vientos de cola favorables que impulsaron el crecimiento en los años anteriores (especialmente, la inyección monetaria del Banco Central Europeo). Hay que resaltar que el crecimiento de la actividad es más del doble del registrado en la media de la zona euro. No obstante, para el sindicato algunos de los datos conocidos son muy preocupantes. En particular, destacan negativamente dos de ellos.

De un lado, el desplome de la actividad de las ramas industriales, que han pasado de crecer a un ritmo del 4,9% hace un año a caer un 1,3% ahora. Es algo, sin duda, muy negativo, porque en la industria se encuentra la base productiva más estable de un país, la que sirve de motor del avance tecnológico y la que genera empleo de mayor calidad.

De otro lado, la intensa creación de empleo (algo en sí mismo positivo) es consecuencia en buena parte de un fenómeno perverso: la baja calidad del empleo creado. Por eso la productividad por trabajador y por hora trabajada no solo son reducidas, sino que incluso son negativas 0,3% y -0,6%, respectivamente), lo que constituye una anomalía para cualquier economía.

UGT considera que el crecimiento económico no está generando el tipo de empleo que nuestro país necesita, ni se están repartiendo los frutos del mismo de manera equitativa. El empleo que se está creando es esencialmente precario (temporal, a tiempo parcial, con merma de derechos laborales y mal remunerado), y ello no está permitiendo ni consolidar un crecimiento más sostenible social y medioambientalmente, ni obtener los recursos adecuados, vía cotizaciones e impuestos, para sostener un estado de bienestar avanzado. En esencia, el crecimiento está alimentando los beneficios empresariales, pero no el bienestar general de las familias trabajadoras.

A partir del 28-A hay que cambiar las políticas

Para la Unión General de Trabajadores, esta situación tiene que cambiar. El nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril debe modificar las políticas económicas para reforzar el crecimiento, impulsar el empleo de calidad y hacer que los frutos del crecimiento recaigan sobre la mayoría social.

Ha habido ya decisiones y actuaciones que caminan en el sentido adecuado, como el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre los interlocutores sociales para aumentar el salario mínimo de convenio a 1.000 euros en 2020; la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019; el acuerdo para mejorar el empleo y las retribuciones de los empleados públicos de 2018 a 2020; la revalorización de las pensiones con el IPC; o la mejora parcial de algunas prestaciones por desempleo. La no aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado por el Gobierno, que contenía aumentos de dotaciones en partidas muy necesarias para mejorar nuestro modelo de crecimiento y nuestro nivel de bienestar social, fue una torpeza basada en intereses partidistas, y desatendiendo las necesidades reales de la mayoría de la población.
Ahora toca implementar medidas que refuercen el crecimiento y lo hagan más equilibrado y sostenible.

En primer lugar, es necesario implementar un Plan Estratégico para la Industria en nuestro país, que contribuya a elevar su aportación al 20% del PIB (ahora es del 16%), y poner una mayor atención inversora en los factores que poseen mayor incidencia sobre las bases de un crecimiento de futuro, como el I+D+i, las infraestructuras de comunicaciones, la sociedad del conocimiento y la formación de los trabajadores y las trabajadoras, apostando por una nueva estrategia industrial de largo plazo que nos sitúe a la cabeza del progreso entre los países de nuestro entorno, sin merma de los derechos laborales y sociales.

En segundo lugar, resulta fundamental que los contenidos de los acuerdos mencionados anteriormente se apliquen plenamente y, en especial, que las empresas trasladen a la negociación colectiva lo que han pactado en el IV AENC, para elevar los salarios de manera acorde con el momento del ciclo económico que atravesamos.

Por último, es imprescindible revertir la reforma laboral de 2012, sin lo cual no será posible traducir el crecimiento de la actividad en empleo de calidad, más productivo y estable.