La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que el sindicato “va a ser implacable y va a exigir que en las empresas se cumplan tres derechos que los empresarios se niegan a poner en marcha: Salario Mínimo, Planes de Igualdad y Registro de Jornada”.

Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación de la campaña: “Tus derechos no se negocian, se cumplen”, elaborada por UGT, en la que ha intervenido también el Secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, y en la que se ha puesto de manifiesto que “hay una reticencia de los empresarios a poner en marcha de manera plena estos tres derechos que hay que cumplir porque lo dice la ley. No son negociables. La ley se tiene que aplicar y no se puede vivir siempre en la impunidad”.

En este sentido, Antoñanzas ha señalado que estos tres derechos “para UGT son tres aspectos imprescindibles de las relaciones laborales que van a permitir avanzar hacia un mercado laboral más justo e igualitario. Representan avances sociales importantes que benefician a muchos trabajadores y trabajadoras en un mercado laboral muy precarizado”. Pero, para ello, ha reclamado como imprescindible “derogar la reforma laboral y recuperar el equilibrio de las relaciones laborales. El actual modelo beneficia claramente a los empresarios, en detrimento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

Por ello, ha anunciado que “vamos a poner en marcha todas las estructuras del sindicato para que estos derechos se cumplan en las empresas. Les vamos a dar unas pegatinas para que pongan en sus centros de trabajo para saber si sus empresas cumplen o no con estos tres derechos. La defensa del SMI, del registro de jornada y de los planes de igualdad va a ser uno de los objetivos de la negociación colectiva de 2020”.

Desde el 1 de enero, muchas empresas no cumplen con el aumento del SMI

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Gonzalo Pino ha recordado que “desde el 1 de enero de este año, nadie puede ganar menos de 900 euros al mes. Es la ley. El incremento del SMI beneficiaría a unos 2,7 millones de trabajadores en total: 1,2 millones a jornada completa y 1,5 millones a jornada parcial”.

Sin embargo, ha manifestado que “nos venimos encontrando con que algunas empresas compensan y absorben el incremento del SMI sobre todo tipo de complementos, llegando a judicializarse en algunos casos. De hecho, la propia inspección de trabajo ha tenido conocimiento de prácticas de empresarios que estaban buscando recovecos legales para esquivar el aumento del SMI y evitar incurrir así el aumento de sus costes salariales. Hemos detectado esto en sectores como en la recolección del campo o en las empresas multiservicios”.

Por ello, ha señalado que UGT “está trabajando a pie de empresa y de sector para hacer cumplir la ley en este ámbito, denunciando allí donde se aprecia un incumplimiento. Pero la lucha sindical en las empresas debe completarse con una negociación para reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de blindar la subida anual del SMI conforme al coste de la vida, con el fin de evitar futuras pérdidas de su poder adquisitivo”.

Con las horas extras en 2018 se podrían haber creado 180.000 empleos a tiempo completo

Otro derecho que no se cumple en su totalidad es el del registro de jornada. Como ha recordado Gonzalo Pino, “el 12 de octubre se cumplieron cinco meses de su entrada en vigor y, aunque no todas las empresas lo han implantado aún, vemos cómo las horas extraordinarias en los dos primeros trimestres de 2019 han descendido un 11,6% respecto a las efectuadas en el mismo período de 2018; y el número de horas extra no pagadas realizadas semanalmente en estos dos primeros trimestres del año ha sido el menor desde 2010”.

En este sentido, ha recordado que, “en 2018 (último año cerrado), se realizaron 6,45 millones de horas extraordinarias a la semana, lo que hace un total aproximado de 330 millones de horas extras al año. Se podían haber creado unos 180.000 empleos a tiempo completo en ese año. Y se han perdido unos 2.300 millones de euros de salarios brutos y unos 650 millones de euros en cotizaciones sociales. Si esas horas extra hubieran sido cotizadas a la Seguridad Social se hubiera reducido el déficit de la misma un 3,5%”.

Por este motivo, “UGT estará vigilante en esta materia y en el cumplimiento de este derecho y señalará a las empresas que no los cumplen y las denunciará, como sucede en el sector de la construcción o en el de la dependencia, porque el registro diario de la jornada constituye un instrumento imprescindible para luchar contra el fraude laboral, que supone graves perjuicios para la salud de los trabajadores, para su economía, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad”.

Apenas el 8% de las empresas tienen planes de igualdad

El tercer derecho es el cumplimiento de los planes de igualdad. Según Cristina Antoñanzas, el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación “ha establecido nuevas obligaciones en materia de planes de igualdad: las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener un plan de igualdad, un logro sindical”.

Sin embargo, a 30 de julio de 2019, “los planes de igualdad no llegan al 15% de las empresas de más de 250 trabajadores y apenas el 8% de todas las empresas ha cumplido con esta obligación legal. El grado de cumplimiento de esta obligación hasta ahora ha sido simbólico y lejano, como ocurre en algunos casos en la Administración Pública”.

En este sentido, ha reclamado “recursos económicos y humanos, tanto en la Administración como en la Inspección de Trabajo, para cumplir con esta obligación y formar a negociadoras y negociadores, ya que se corre el riesgo de que dichos recursos acaben en manos privadas que con la finalidad de lucro, como sucede ahora con los bufetes de abogados, que sin ser especialistas en la materia elaboran planes “tipo” de igualdad mediante la copia de planes de una empresa a otras”.

“Ninguna empresa discrimina a las mujeres ni en el mismo grado, ni por el mismo motivo que otra. Mientras que hay que empresas que discriminan a las mujeres en el acceso al empleo, otras lo hacen en la promoción, otras en las retribuciones salariales, en el acceso al disfrute de permisos por parte de los hombres y otras por todos los motivos por los que se puede discriminar”, ha denunciado.

Por ello, ha demandado la necesidad de impulsar “el desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley, porque hay que establecer los criterios para la elaboración del plan, la necesidad de que los diagnósticos respondan a la realidad de la empresa y la sanción por no adecuarse a dicha realidad, así como las auditorías salariales y los sistemas de seguimiento y evaluación”.

Para ello, “UGT vigilará que todos los planes de igualdad, su contenido, ejecución y evaluación. Además, denunciará el incumplimiento y demandará un aumento de las sanciones para que se concreten y sean disuasorias”.

► Folleto: "“Tus derechos no se negocian, se cumplen”

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