Este indicador no se revisa desde 2017. Para UGT y CCOO es necesario que el IPREM recupere el poder real perdido desde 2004 hasta 2019 (-9,4 puntos), así como evitar su pérdida en años sucesivos.

Ambos sindicatos consideran inadmisible mantener esta continua depreciación del indicador, que genera consecuencias negativas en la protección social por desempleo y en el acceso a múltiples servicios sociales, entre otras políticas públicas, cruciales para el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fue creado en 2004 y determina las cuantías mínima y máxima de todas las prestaciones contributivas por desempleo, así como la cuantía de todas las prestaciones asistenciales por desempleo, la renta activa de inserción y la renta agraria. Es asimismo referencia para el acceso y cuantías de prestaciones sociales, acceso a vivienda de protección oficial y ayudas de alquiler, becas de estudio y formación, y subvenciones a familias (por ejemplo, establece límites de ingresos anuales que no se deben superar para la concesión de becas o ayudas para las guarderías o colegios)

En los primeros años tras su creación, el IPREM se fue actualizando, pero su congelación entre 2010 y 2016, con una modesta actualización en 2017 y una nueva congelación de su incremento hasta hoy, supone acumular una pérdida en términos reales de 9,4 puntos porcentuales.

Esta devaluación del IPREM supone un doble problema. En primer lugar, porque limita y restringe el acceso de un cada vez mayor número de beneficiarios a las ayudas y prestaciones vinculadas a este índice. Y, segundo, repercute negativamente en la cuantía de las ayudas y prestaciones, devaluando las rentas reales de las personas en situación más vulnerable.

Por ello, CCOO y UGT piden al Gobierno, por un lado, una actualización del IPREM que corrija, en el menor plazo posible, el diferencial de pérdida acumulada para que pueda tener reflejo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020. Y por otro, el establecimiento de un mecanismo de actualización automática vinculado al crecimiento real de los precios, con un mecanismo de corrección anual de la posible desviación entre el IPC real y el incremento inicial del IPREM.