- UGT considera que el consenso alcanzado ayer sobre pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, son fruto de las movilizaciones, pero considera que los avances en esta materia deben ir más allá.
- UGT considera que el consenso alcanzado ayer sobre pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, son fruto de las movilizaciones, pero considera que los avances en esta materia deben ir más allá.
- El sindicato exige la derogación total de la reforma de pensiones de 2013, impuesta por el anterior Gobierno del PP, y la eliminación de los recortes que han sufrido las pensionistas, entre ellos, el copago farmacéutico.
- Considera que garantizar el poder adquisitivo de todos los pensionistas conforme al IPC debe ser un derecho esencial y universal y como tal debe reconocerse en el Pacto de Toledo y blindarse en la Constitución.
- Reclama que las pensiones se financien no solo con cotizaciones sino con impuestos, y adoptar medidas para afrontar, desde ya, el actual déficit de la Seguridad Social.
- Pide a los partidos políticos presentes en el Pacto de Toledo y al nuevo Gobierno que sean sensible a las demandas sociales.
El consenso alcanzado ayer en el Pacto de Toledo para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC son fruto de las movilizaciones sociales, que han sido y son la palanca para un cambio de políticas. No obstante, UGT demanda a los partidos políticos que no ignoren las demandas sociales que siguen expresándose en la calle y pide al nuevo Gobierno que sea sensible y justo ante las mismas. En este sentido, exige la derogación total de la reforma de pensiones de 2013, impuesta por el anterior Ejecutivo del PP y acabar con los recortes que han sufrido nuestros mayores (entre ellos el copago farmacéutico), bajo la excusa de la crisis.
UGT defenderá que la subida de las pensiones conforme al IPC para este año tenga carácter retroactivo, desde enero de 2018. El sindicato considera que la revalorización automática de las pensiones conforme a la evolución de los precios no debe estar al albur del Gobierno de turno y que garantizar el poder adquisitivo de todos los pensionistas, conforme al IPC, debe ser un derecho esencial y universal y como tal debe reconocerse en el Pacto de Toledo y blindarse en la Constitución.
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