Si los gobiernos quieren asegurar el apoyo público para sus políticas climáticas, deben garantizar que la economía baja en carbono no deje a nadie atrás y se haga bajo los criterios de la justicia climática
Desde el pasado agosto una joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, se ha situado cada viernes enfrente del parlamento de Estocolmo con un cartel que dice “huelga escolar por el clima”. Este acto se ha convertido en un fenómeno mundial al que se han unido jóvenes de todas las partes del mundo, creando el movimiento #FridayforFuture.
Reivindican que se pongan en marcha urgentemente políticas que cuiden de las personas y del planeta. Los efectos y las consecuencias del cambio climático ya los estamos sufriendo y no se puede esperar más. Hay que pasar a la acción porque el coste de la pasividad es enorme.
El IPCC (grupo de científicos y expertos climáticos asesores de Naciones Unidas) ya advirtió en su Informe de 1,5ºC que las diferencias entre limitar el aumento de la temperatura a 1.5ªC y a 2ºC son enormes para la vida en la Tierra y que para poder limitar el calentamiento global a ese 1,5ªC se necesitan actuaciones urgentes y de gran alcance, una transición sin precedentes. Además, estas actuaciones en favor del clima generarían sinergias positivas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), ayudando a lograr su cumplimiento.
Tomar en serio los compromisos de París
Desde UGT manifestamos nuestro apoyo a la huelga y a la movilización convocada por la juventud el próximo día 15 de marzo, en favor de una acción climática urgente. Consideramos importante que los gobiernos se tomen en serio los compromisos que asumieron en París en 2015 y aceleren el ritmo de reducción de emisiones. El cumplimiento del Acuerdo de París tendrá muchos impactos en los trabajadores y las comunidades. Por supuesto, la descarbonización creará empleos en muchos sectores y generará muchos beneficios colaterales para la economía y para las personas. Pero no solo hay que destacar los muchos efectos positivos de un mundo bajo en carbono. Muchos sectores se reformarán profundamente, mientras que otros casi desaparecerán. Si los gobiernos quieren asegurar el apoyo público para sus políticas climáticas, deben garantizar que la economía baja en carbono no deje a nadie atrás y se haga bajo los criterios de la justicia climática. Requiere un fuerte compromiso con respecto a la transición justa y el trabajo decente y acciones concretas para lograr resultados tangibles en el terreno: construir una política industrial sostenible, crear empleos decentes, asegurar las transiciones laborales, organizar la anticipación del cambio a través de la participación de los trabajadores, etc.
Por último, destacamos la importancia de adoptar medidas encaminadas al cumplimiento efectivo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así avanzar hacia la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la vulnerabilidad, el fomento de la sostenibilidad, etc.
En definitiva, vamos tarde, las consecuencias del cambio climático ya las estamos sufriendo. En nuestra mano está intentar mitigarlo y adaptarnos a él. Hagamos de ello una oportunidad para realizar un cambio productivo y energético que nos permita vivir en un planeta más sostenible y socialmente justo, donde no se deje a nadie atrás.